El pasado mes de julio, el Parlamento portugués aprobó un diploma que despenaliza la muerte asistida en casos de enfermedades incurables y sufrimiento extremo. Sin embargo, a pesar de esta importante victoria para los defensores de los derechos humanos, el texto aún no ha sido regulado y su implementación sigue siendo incierta.
La coligación formada por el Partido Social Demócrata (PSD), el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) y el Partido Popular Monárquico (PPM) ha sido criticada por su falta de claridad en cuanto a la regulación de este diploma. A pesar de que el PSD y el CDS-PP votaron a favor de la despenalización, no han definido qué medidas tomarán si forman mayoría de gobierno después de las elecciones de octubre.
Esta falta de compromiso por parte de la coligación ha generado preocupación entre los ciudadanos y organizaciones que luchan por el derecho a una muerte digna. Sin una regulación clara, los pacientes y sus familias se encuentran en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad, sin saber si podrán acceder a la muerte asistida en caso de necesitarlo.
Es importante recordar que la despenalización de la muerte asistida no significa que se permita la eutanasia en Portugal. La ley solo contempla la posibilidad de que un médico pueda ayudar a un paciente a morir de manera digna y sin sufrimiento en casos extremos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se sigan procedimientos rigurosos.
Por lo tanto, es fundamental que se establezcan regulaciones claras y precisas para garantizar que la muerte asistida se lleve a cabo de manera ética y responsable. Esto incluye la definición de los criterios que deben cumplir los pacientes para acceder a este procedimiento, así como los protocolos que deben seguir los médicos y el personal sanitario.
Además, es necesario que se establezcan medidas de protección para los médicos que decidan participar en la muerte asistida. Muchos profesionales de la salud han expresado su preocupación por posibles represalias o consecuencias legales si deciden ayudar a un paciente a morir. Es responsabilidad del gobierno garantizar que los médicos puedan ejercer su profesión sin temor a ser perseguidos por cumplir con su deber ético de aliviar el sufrimiento de sus pacientes.
Por otro lado, es importante destacar que la despenalización de la muerte asistida no es una cuestión de ideología o religión, sino de derechos humanos. Se trata de permitir que las personas en situaciones extremas y sin posibilidad de cura puedan tener una muerte digna y sin sufrimiento. Negarles este derecho es una violación de su dignidad y autonomía.
Es por eso que es decepcionante ver que la coligación PSD-CDS-PPM no ha tomado una postura clara sobre este tema. En un momento en el que la sociedad portuguesa está cada vez más abierta a discutir y aceptar la muerte asistida, es necesario que los líderes políticos se comprometan a regularla de manera adecuada y responsable.
Esperamos que, independientemente de quién forme mayoría de gobierno después de las elecciones, se tomen medidas concretas para regular la muerte asistida en Portugal. No podemos permitir que los pacientes y sus familias sigan en la incertidumbre y sin acceso a una muerte digna. Es hora de que nuestro país se una a otros países europeos que ya han regulado este tema y han demostrado que es posible hacerlo de manera ética y responsable.
En resumen, la despenalización de la muerte asistida en Portugal es un gran paso hacia una sociedad más humana y compasiva. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que este
