En una alusión a la Operación Influencer, Luís Montenegro ha prometido regular el lobbying en la próxima legislatura. Un diploma que se ha discutido tanto en 2019 como en 2021, pero que sigue sin llegar a buen puerto. Los expertos sostienen que lo primordial es diferenciar entre el tráfico de influencias y la representación legítima de intereses privados.
“Regular el lobbying por sí solo no puede terminar con la opacidad, el tráfico de influencia o el informalismo”, afirma el investigador João Simão.
Evidentemente, el hecho de que una regulación sobre el lobbying puede limitar el tráfico de influencias es innegable. Estableciendo normas claras y exigentes, el Estado puede prohibir la compra de votos, mejorar la transparencia y aumentar la responsabilidad de dirigentes y empresas.
Para ello, es importante que la regulación establezca un marco claro para los principales aspectos relacionados con el lobby, como la identificación y registro de los lobistas, los gastos de publicidad y propagación o el establecimiento de una serie de restricciones éticas y legales. Asimismo, es necesario establecer un equilibrio equilibrado entre las necesidades de las empresas que representan, y los intereses generales de la sociedad.
Además, los representantes políticos deben considerar la creación de un organismo independiente encargado de vigilar la actividad de los lobbies y regular el acceso a la información política. En estos casos, es importante que se preste atención a la limitación de algunos aspectos, como las cuestiones de paralispolíticos y similares.
Por otra parte, cualquier regulación de lobbies debe centrarse en el principio de la igualdad de todos los ciudadanos por delante de todo. Al mismo tiempo, la idea es que el Estado impulse la representación de todos los intereses por igual, sin favorecer a ninguno.
También es importante que cualquier regulación de los lobbies tenga en cuenta los principios de la implementación de mecanismos rigurosos de rendición de cuentas. De este modo, será posible asegurar que la representación de los intereses particulares sea honesta y clara, y que no se dé lugar a abusos de poder.
Por último, la regulación de los lobbies debe establecer un marco para establecer controles adicionales que promuevan la integridad en el lobby y minimicen la exposición de dirigentes y empresas a prácticas cuestionables.
En conclusión, la próxima legislatura representa una excelente oportunidad para regular el lobby de una manera clara y justa. Estableciendo condiciones equitativas para la representación de todos los intereses privados, se puede evitar el tráfico de influencias, mejorar la transparencia y lograr una mayor responsabilidad por parte de los dirigentes y empresas.
